dissabte, 26 de novembre de 2011

La Consolidación del Estado Moderno (1)


La historia de Europa nace como un sueño de unidad basado en el dominio de un imperio o una iglesia universal, pero pronto este sueño se truncó por la feroz competencia entre estados soberanos y territoriales, que lograron establecer una autoridad centralizada sobre las poblaciones que dominaban. De ésta manera, la Europa que en 1500 contaba con unas quinientas unidades políticas independientes, se transformó en 1900, en la Europa de los veinticinco. Pero en nuestros días, el desarrollo de organizaciones políticas y económicas multinacionales, y el renacimiento de nacionalidades y de identidades locales reprimidas, constituyen dos procesos que obligan a un replanteamiento de la historia europea y su pretendido avance hacia un sistema de estados nación soberanos.

En el siglo XVI se vivió una eclosión del pensamiento político, que incorporó conceptos como la razón de Estado, o la doctrina de la Soberanía de Bodino. Tras el concepto de razón de Estado, que aparece por primera vez con Maquiavelo, se halla el convencimiento de la negatividad de la naturaleza humana, y su incapacidad para realizar buenas acciones si no es empujado por la necesidad. Las teorías de Bodino, acomodan este concepto a sus planteamientos políticos absolutistas, frente a la concepción de Shaftesbury que afirma que la honestidad es la mejor política. Bajo la influencia de Kant y Hegel, la razón de Estado se convierte en “una línea ideal del obrar”, en la que el político debe descubrir los intereses objetivos del estado y entregarse a la pura racionalidad con el objetivo último del bien del Estado. El autor español Diego Pérez de Mesa, en su obra Política o Razón de Estado, reflexiona sobre el fin último de la razón de Estado, que para él es la conservación y progreso de la sociedad mediante la realización del bien común, del control del poder político y del encauzamiento de la libertad de cada miembro de la comunidad. Años más tarde, Quevedo consideraba que la razón de Estado nada tenía que ver con la política, porque suponía el ejercicio del poder contra toda moral cristiana y legitimaba al gobernante para actuar con una total autonomía, lo que le llevaba a confundir la utilidad pública con la privada. Pero esta idea aristotélica de la política perdió fuerza ante el empuje del pragmatismo y el constructivismo político, que se manifestaba en una política de resultados, sin importar los métodos. Todas estas diferencias de opinión sobre la cuestión de la razón de Estado, provocaron un gran debate, que enfrentó dos conceptos como la política, que se ocupaba de los problemas teóricos generales, y la razón de Estado, que enseña al gobernante como afrontar un problema concreto, llegando a justificar acciones como los golpes de Estado.



Los orígenes del Estado Moderno, cabe buscarlos en las instituciones políticas imperantes en gran parte del territorio europeo entre los siglos XV al XVIII. Tras la Segunda Guerra Mundial, Fernand Braudel, argumentó que la recuperación económica de los siglos XV y XVI sentó las bases del desarrollo de los grandes estados, que según él, vuelven en la actualidad a ser considerados como modelos de futuro. Sin embargo, la realidad es que en los últimos años, el concepto que ha suscitado un mayor interés entre los historiadores del pensamiento político, es el de “estado compuesto”. En efecto, la Europa del siglo XVI, era una Europa de estados compuestos, que coexistían con una infinidad de unidades territoriales independientes, que evolucionó hasta convertirse en una sociedad de estados-nación unitarios. El afán expansionista de los principales monarcas europeos propició la creación de estos estados compuestos, con nuevas adquisiciones territoriales que eran más preciadas si venían avaladas por la ventaja adicional de la contigüidad y del concepto de conformidad. La unión de los territorios recién adquiridos podía realizarse, según Juan de Solórzano, jurista español del siglo XVII, de dos formas: la unión accesoria, por la que pasaban a ser considerados jurídicamente como parte integral del estado, y la unión denominada aeque principaliter, bajo la cual los diversos reinos constituyentes del estado compuesto siguen siendo tratados como entidades distintas. Maravall denomina a éstos sistemas políticos, super-Estados (a pesar de que el concepto de Estado sigue siendo precario, pues falta incorporar a su maquinaria el Derecho como complejo institucional e ideológico operativo), y a los miembros que lo componen, los engloba dentro de un “estado federativo”. Según escribe Solórzano, “estos reinos se han de regir y gobernar como si el rey que los tiene juntos lo fuera solamente de cada uno de ellos”.

Este segundo método de unión poseía ciertas ventajas, pues facilitaba la aceptación del dominio por parte de un nuevo mandatario “extranjero” y favorecía la reconciliación entre las élites de las diferentes realidades sociales. En general, casi todos los mandatarios optaron por ésta segunda vía al anexionarse un nuevo reino o provincia, y para mantener un grado mínimo de integración, crearon toda una serie de órganos institucionales nuevos al más alto nivel de gobierno, que estaban por encima de las instituciones locales, y que representaban a éstas ante la monarquía estatal. Sin embargo, en los niveles inferiores de la administración, el sistema patrimonial de acceso a cargos vigente en la mayoría de Europa y la existencia de férreas leyes que reglamentaban los nombramientos, entorpeció la deseada sustitución del funcionariado existente en los nuevos territorios adquiridos, por otros de mayor lealtad al nuevo régimen. Este hecho, unido al absentismo del rey en todos los territorios que conformaban el nuevo estado, provocaba una cierta fragilidad en las monarquías compuestas, que obligaban a cuestionar su viabilidad a largo plazo. Sin embargo, y en base al acuerdo entre la corona y las clases gobernantes de las diferentes provincias, se creó un sentimiento de lealtad personal hacia la dinastía que trascendía los límites provinciales, apoyado por la adopción de un nombre para la comunidad aceptado por las diferentes partes, la colaboración más estrecha en campos que reportaban importantes beneficios económicos o la enorme atracción que sentía la nobleza local hacia la cultura y lengua de la corte dominante. Este sentimiento de lealtad hacia una comunidad más amplia que la de origen, no estaba reñido con la lealtad hacia ésta, llamada patria en el siglo XVI, todo y que una serie de acontecimientos acaecidos a lo largo del siglo, pusieron en peligro la estabilidad de las monarquías compuestas, el más importante de ellos, la división religiosa europea. En efecto, las diversas corrientes de la reforma protestante rechazaron aceptar el conformismo religioso exigido por los gobiernos. Sostenían que la práctica de una determinada creencia constituía un derecho superior a aquel de cualquier gobernante meramente terrenal. La represión del derecho a un culto determinado, se basaba en el concepto de intolerancia.

La consecuencia de estos cambios religiosos fue añadir un nuevo elemento al surgimiento de un sentido colectivo de identidad provincial en relación con el territorio dominante en que se encontraban, e imposibilitó la realización de presiones para afianzar la conformidad religiosa en los mismos por parte de los gobernantes, ante el temor de estallidos de violencia. Sin embargo, determinadas posiciones dentro de las monarquías compuestas, contribuyeron al nacimiento de violentos nacionalismos religiosos, avivados en el caso español por sentimientos nostálgicos de la añorada Hispania Romana, que se incrementaron con la conquista de territorios en ultramar, provocando desigualdades entre los componentes de esas monarquías compuestas, con el predominio de Castilla a partir del siglo XVI. Ya un siglo antes, con el matrimonio de Fernando de Aragón con Isabel de Castilla, el reino castellano se había atribuido la misión de concluir la tarea restauradora de la unificación política y religiosa española. Pero, esa diferencia de trato entre los diversos reinos o provincias de la monarquía española, provocó revueltas como la de Aragón de 1591, y otras como veremos más adelante. A partir de éste momento, se buscó por todos los medios afianzar la uniformidad entre los reinos en unión, tanto a nivel de jurisprudencia, como de gobierno y religión, así como a intentar suprimir la hostilidad mutua que generaban los trámites de unión entre estados independientes. Para ello, se trazaron estrategias como alianzas matrimoniales entre las distintas noblezas, o la distribución equitativa de cargos, con el objetivo de conseguir lo que vino a llamarse unión de corazones. Pero el objetivo último de estas estrategias, no era otro que la integración de todas las provincias en un Estado absoluto, que nunca hubiera llegado a constituirse sin la presencia de un cuerpo de funcionarios leales al rey, que fortaleciera su presencia y su poder en zonas anteriormente exentas de su jurisdicción.

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